Por primera vez en la Argentina, una obra social –la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires– deberá pagarle a una pareja de lesbianas un tratamiento de fertilización asistida para que puedan tener un hijo en común con un donante de semen anónimo. Así lo dispuso la jueza porteña Elena Liberatori, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Crítica Digital había informado en octubre del año pasado sobre el reclamo de Marisa y María del Pilar y el artículo publicado entonces fue considerado por la jueza como prueba en favor de la pareja.
Marisa había tenido su primer conflicto con la obra social cuando pidió la inscripción de María del Pilar como beneficiaria. Para cualquier pareja hétero, anotar a su pareja es un trámite simple, pero OBSBA sólo reconoce a las parejas homosexuales si tienen la unión civil, que sólo rige en la Ciudad de Buenos Aires. Marisa es enfermera en un hospital porteño, pero vive con su pareja en La Matanza, donde no existe ni eso. Están casadas en la práctica hace seis años, pero no tienen una libreta oficial que lo certifique, por las razones que en estos días tanto se están discutiendo en el Congreso y los Tribunales.
El año pasado, asesorada por los abogados de la Federación Argentina LGBT, Marisa envió una carta documento a OBSBA y consiguió que María del Pilar recibiera el carnet. Tras ganar esa primera batalla, dieron el siguiente paso. Querían ser mamás, juntas, para lo cual necesitaban la cobertura del tratamiento de fertilización in vitro, que no podían pagar de su bolsillo.
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Fuente: Bruno Bimbi, Critica Gigital, noviembre del 2009
